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Porgrama 13: Colegio Nacional del Notariado Mexicano

En Pulso Inmobiliario estamos convencidos de que la actividad Notarial es pilar en nuestro sistema social y jurídico, los notarios públicos son los encargados de dotar de certeza jurídica los actos que ante ellos se presentan.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano, la figura del notario es tan antigua como la historia misma, surge dentro de un contexto donde las sociedades al crecer y evolucionar, generaban relaciones sociales más complejas, obligando a que se requiriera de la probidad de una persona que diera certeza jurídica y certidumbre a los actos jurídicos que se generaban.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el organismo que aglutina a los notarios de nuestro país, creado en

1955 como Asociación Nacional del Notariado, para cambiar posteriormente a la denominación con que se le conoce a dia de hoy, asociación que surgió no solo por la necesidad de crear vínculos de trabajo profesional entre los notarios

del país, sino sobretodo la de fortalecer el trabajo notarial enfocado a dar la mayor certeza, confianza y certidumbre jurídica para los distintos sectores dentro de la sociedad, que según sus necesidades, requieren de los servicios de un notario, es por ello que el  Colegio Notarial ha buscado, a partir de la creación de su gremio, mantenerse vigente en su labor profesional y acorde a los cambios en la creación, modificación e interpretación de las normas jurídicas en materia Civil y Mercantil, por ejemplo, organizando talleres, conferencias y congresos para los Notarios afiliados, con la idea firme de ser un gremio vigente y consciente no sólo de la importancia de su labor sino de las necesidades primordiales que la sociedades demanda de estos.

El, en su momento, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano del Bienio 2017-2018 mencionó que el objetivo principal del colegio es la capacitación y actualización por parte de los 4,213 Notarios Públicos que existen en nuestro.

Los requisitos para ser Notario varían de acuerdo a la entidad, quien en sus Leyes del Notariado plasman estos requerimientos para obtener una patente. La fé pública es una actividad reservada del estado, la cual delega en particulares (Licenciados en Derecho) que mayormente, mediante exámenes de oposición los que permitan la calificación para que el Notariado llegue a tener un carácter profesional.

Respecto al tema inmobiliario, los Notarios Públicos participan en la constitución, transmisión o modificación de derechos reales; es decir en actos como, compra de inmueble, cancelación de hipoteca, constitución de condominios, etc.

 

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Opinión: ¿Rumbo a un Código Nacional de Procedimientos Civiles?

El Derecho es una disciplina adaptada a las necesidades sociales, es decir que si una determinada conducta que no estaba prevista en alguna legislación necesita regulación, los mecanismos cuyas facultades recaen en el Poder Legislativo deberán realizar todos los esfuerzos y anteponer el interés público para lograr una armonía entre las normas y el comportamiento.

El sistema jurídico mexicano es preponderantemente influenciado por importantes corrientes de pensamiento y se ha formado una identidad a causa de esta mezcla de sociedades para devenir en un propio y único formato social con una gran riqueza cultural, pero que se ha enfrentado a una gran desigualdad a lo largo de la época moderna, de ahí han surgido importantes problemas como la delincuencia, pobreza y demás; las fuerzas políticas han enfocado los esfuerzos a ‘legislar’ y proponer soluciones desde las leyes.

Nuestro poder legislativo se ha caracterizado por la demora en cuanto a avances necesarios, es posible notar el avance en diversos sistemas jurídicos mientras que México ha quedado rezagado en la evolución social; caso concreto es la regulación del uso lúdico de la marihuana, mientras que algunos estados en E.E.U.U. ya han adoptado una postura a favor de la interacción legal con la comunidad norteamericana al igual que otras sociedades presumiblemente más desarrolladas como Canadá.

En México en el año de 2014 tuvo lugar una de las reformas más importantes respecto al Derecho Penal, donde se unificaron los Códigos de Procedimientos locales y el Federal para dar lugar a la creación de un Código único que se encargara de regular todos aquellos delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. El cambio fue recibido entre un ambiente de dudas e incertidumbre por el trabajo que le costaría a los expertos del Derecho Penal, dígase Jueces, Ministerios Públicos o Abogados, el adaptarse a esta nueva regulación del proceso.

Fue necesaria una capacitación exhaustiva para preparar a los órganos jurisdiccionales y d a los miembros de la Fiscalía para aprender técnicas de argumentación y litigación oral, debido al radical cambio de proceso el cual anteriormente era preponderantemente escrito y cambiando a mayormente oral, ahora más que una impecable redacción con gran entendimiento se necesita un buen dominio de la argumentación y de una gran habilidad de convencimiento para allegar al juez de los mejores argumentos y desvirtuar los del contrario.

La llegada de este Código Nacional de Procedimientos Penales ha abierto el debate sobre la posibilidad de ‘homogenizar’ los criterios de todas las materias respecto al procedimiento y la más cercana es la materia civil. Es común escuchar anécdotas de catedráticos sobre experiencias acerca de la dificultad para dominar el proceso civil en otra entidad federativa a causa de el cambio en los términos fatales respecto del procedimiento.

A criterio personal, la idea de lograr la uniformidad de los procedimientos en nuestro país es un acierto y una meta a la que debemos aspirar, ya que es común que no se haga justicia en asuntos donde preponderan los formalismos que exige la ley a la obtención de una verdad histórica. Como estudiante del Derecho, considero acertada la implementación de uniformidades en los Códigos de Procedimientos, no en los Códigos subjetivos, ya que considero que cada estado cuenta con problemáticas diferentes y las penas de un delito pueden cambiar de uno a otro, además de respetar la soberanía de las entidades federativas para ello.