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Opinión: ¿Rumbo a un Código Nacional de Procedimientos Civiles?

El Derecho es una disciplina adaptada a las necesidades sociales, es decir que si una determinada conducta que no estaba prevista en alguna legislación necesita regulación, los mecanismos cuyas facultades recaen en el Poder Legislativo deberán realizar todos los esfuerzos y anteponer el interés público para lograr una armonía entre las normas y el comportamiento.

El sistema jurídico mexicano es preponderantemente influenciado por importantes corrientes de pensamiento y se ha formado una identidad a causa de esta mezcla de sociedades para devenir en un propio y único formato social con una gran riqueza cultural, pero que se ha enfrentado a una gran desigualdad a lo largo de la época moderna, de ahí han surgido importantes problemas como la delincuencia, pobreza y demás; las fuerzas políticas han enfocado los esfuerzos a ‘legislar’ y proponer soluciones desde las leyes.

Nuestro poder legislativo se ha caracterizado por la demora en cuanto a avances necesarios, es posible notar el avance en diversos sistemas jurídicos mientras que México ha quedado rezagado en la evolución social; caso concreto es la regulación del uso lúdico de la marihuana, mientras que algunos estados en E.E.U.U. ya han adoptado una postura a favor de la interacción legal con la comunidad norteamericana al igual que otras sociedades presumiblemente más desarrolladas como Canadá.

En México en el año de 2014 tuvo lugar una de las reformas más importantes respecto al Derecho Penal, donde se unificaron los Códigos de Procedimientos locales y el Federal para dar lugar a la creación de un Código único que se encargara de regular todos aquellos delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. El cambio fue recibido entre un ambiente de dudas e incertidumbre por el trabajo que le costaría a los expertos del Derecho Penal, dígase Jueces, Ministerios Públicos o Abogados, el adaptarse a esta nueva regulación del proceso.

Fue necesaria una capacitación exhaustiva para preparar a los órganos jurisdiccionales y d a los miembros de la Fiscalía para aprender técnicas de argumentación y litigación oral, debido al radical cambio de proceso el cual anteriormente era preponderantemente escrito y cambiando a mayormente oral, ahora más que una impecable redacción con gran entendimiento se necesita un buen dominio de la argumentación y de una gran habilidad de convencimiento para allegar al juez de los mejores argumentos y desvirtuar los del contrario.

La llegada de este Código Nacional de Procedimientos Penales ha abierto el debate sobre la posibilidad de ‘homogenizar’ los criterios de todas las materias respecto al procedimiento y la más cercana es la materia civil. Es común escuchar anécdotas de catedráticos sobre experiencias acerca de la dificultad para dominar el proceso civil en otra entidad federativa a causa de el cambio en los términos fatales respecto del procedimiento.

A criterio personal, la idea de lograr la uniformidad de los procedimientos en nuestro país es un acierto y una meta a la que debemos aspirar, ya que es común que no se haga justicia en asuntos donde preponderan los formalismos que exige la ley a la obtención de una verdad histórica. Como estudiante del Derecho, considero acertada la implementación de uniformidades en los Códigos de Procedimientos, no en los Códigos subjetivos, ya que considero que cada estado cuenta con problemáticas diferentes y las penas de un delito pueden cambiar de uno a otro, además de respetar la soberanía de las entidades federativas para ello.